En febrero de 2022, el Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) debió entregar 680 viviendas unifamiliares a efectivos de la Policía Nacional. Sin embargo, debido a una disputa con la constructora adjudicada para la ejecución de las obras, la entidad estatal no ha aceptado recibir los primeros 170 inmuebles, que están listos desde febrero de 2021.
El 31 de diciembre del 2019, el Fovipol y el Grupo Inmobiliario Kinsa suscribieron contrato por S/103 millones para la edificación de dos grupos de viviendas: los proyectos Las Palmeras de San Pablo (456 unidades), en el distrito de Catacaos, y Oasis de Colán (224 unidades), en el distrito de Paita, Piura. Ambos proyectos forman parte del programa integral de Fovipol de 1.005 inmuebles a igual número de familias de la policía en Lima, Chiclayo, Ica, Iquitos y Piura. Hasta el momento el Fovipol ha suministrado únicamente 45 casas en Los Faisanes, Chorrillos. Es decir, el 4,47% del total. Y, sin embargo, la entidad rechaza aceptar el primer grupo de 170 viviendas ubicadas en la región Piura, que ya están listas.
Todos los meses el Fovipol descuenta el 5% de sus ingresos a los policías en actividad y en retiro, con el propósito de financiar los requerimientos de vivienda. Pero las altas autoridades del Fovipol –designados por el comandante general de la Policía Nacional de turno– han cometido una serie de arbitrariedades e irregularidades que han derivado en el incumplimiento del objetivo principal: proporcionar viviendas a los efectivos policiales, como lo indica el informe de la auditoría que aplicó la Contraloría General de la República al Fovipol, fechado el 14 de diciembre del 2023 (ver recuadro).
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Ni puertas ni ventanas
El 20 enero del 2020, el coronel PNP Herbert Ramos Ruiz, quien como gerente general del Fovipol firmó contrato con el Grupo Inmobiliario Kinsa para la habilitación de los proyectos de vivienda en Piura, fue relevado del cargo y en su lugar fue designado el general PNP Samuel Peralta Ramos. Una semana antes de que el Gobierno decretara el aislamiento social por la epidemia del Covid-19, el general Peralta, autorizó la transferencia de S/25 millones a la constructora Kinsa para que iniciara la construcción del 25% (170 unifamiliares) de las viviendas en Paita y Catacaos.
Como sucedió con diversos sectores económicos, la emergencia sanitaria afectó el cumplimiento del cronograma establecido, por lo que la empresa inmobiliaria Kinsa solicitó una revisión de las fechas. Pero el general Samuel Peralta se negó.
Así que los representantes de Kinsa presentaron una queja ante el Directorio del Fovipol, que finalmente aceptó como nueva fecha de entrega de un primer grupo de 170 viviendas (114 en Las Palmeras de San Pablo y 56 en Oasis de Colán), y le encargó al general Peralta que facilitara el cumplimiento de la fecha. Pero Peralta hizo todo lo contrario.
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“El general Peralta se oponía a recibir las casas, pese a que había un nuevo cronograma y una adenda al contrato aprobada por el Directorio de Fovipol. Llegó a decirme que solo quería hablar con mi esposo, no conmigo, porque no trataba con mujeres”, señaló la representante del Grupo Inmobiliario Kinsa, Valeria Landa Vásquez.
Cuando faltaba solo un mes para que Kinsa entregue los 170 inmuebles, el general Peralta, repentinamente, solicitó una prueba para determinar la resistencia de la estructura, la que hizo sin los equipos adecuados. Peralta alegó que los resultados fueron negativos y trató de disolver el contrato. Sin embargo, la constructora presentó otras pruebas independientes que desvirtuaron las afirmaciones del gerente general del Fovipol.
Grl PNP Samuel Peralta Campos. Foto: difusión.
La sombra de extorsión
“Al ver que no funcionaron sus pruebas de la resistencia de la estructura de la vivienda, el general Peralta sacó de la manga otras observaciones adicionales que resultaron siendo obstructivas al cien por ciento. Es entonces que notamos que el general Peralta quería extorsionarnos”, señaló Valeria Landa.
La representante de Grupo Inmobiliario Kinsa denunció al general Samuel Peralta ante el Ministerio Público por el presunto delito de extorsión y usurpación de funciones. La República se comunicó con el general PNP Samuel Peralta Campos y manifestó que hablaría la próxima semana sobre el tema. No contaba con tiempo para este reportaje.
El general Samuel Peralta fue reemplazado por el coronel PNP José Alarcón Camacho en la gerencia general del Fovipol, a partir del primero de marzo del 2021. Como si respondiera a una consigna del Alto Mando de la Policía Nacional, el coronel Alarcón continuó en la misma línea que su antecesor Samuel Peralta.
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Sospechoso vínculo
El nuevo gerente general aceptó recibir las 170 viviendas, siempre que se hiciera una nueva prueba de resistencia de la estructura de los inmuebles. Kinsa accedió, si lo hacía un laboratorio de prestigio y certificada por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL). La nueva prueba salió favorable a la constructora.
Todo indicaba que finalmente el Fovipol recibiría las 170 viviendas. No fue así.
El 25 de octubre del 2021, a pedido del gerente, el coronel José Alarcón, el fiscal Marco Huamán Muñoz se presentó en Piura para inspeccionar los proyectos inmobiliarios de Fovipol. El fiscal Huamán llegó convocado por su amigo el coronel Alarcón, quien alegó supuestas irregularidades. Empero, hasta el momento, el fiscal Huamán no ha notificado ni al Fovipol ni a Kinsa del inicio de alguna investigación.
Ante esta situación, en diciembre del 2021, Kinsa tuvo que iniciar un laudo arbitral al Fovipol para que reciba las 170 viviendas. Una vez más, el Fovipol planteó una contrademanda y exigió una prueba de las estructuras. Pero en julio de 2023, el Tribunal Arbitral le dio la razón a Kinsa y concluyó que las pruebas superan la escala de resistencia de las casas. Solo observó que la constructora debía subsanar las juntas sísmicas que permiten que dos secciones de un mismo edificio puedan moverse libremente ante un eventual seísmo.
En Paita. Las viviendas del Complejo Habitacional "Oasis de Colán", están listas para ser entregadas a Fovipol. Foto: difusión.
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El Tribunal Arbitral también ordenó que el Fovipol suscriba la adenda aprobada en directorio y reciba las viviendas terminadas, una vez que estas sean subsanadas. Hasta el momento, el Fovipol no cumple con el mandato. La República solicitó repetidas veces la versión de la entidad. Respondieron que el gerente general, coronel PNP Jorge Chávez Ocaña, no estaba disponible hasta la próxima semana.
De acuerdo con las declaraciones de Jaime Villanueva, el exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, la presidenta Dina Boluarte respaldó el nombramiento del coronel PNP José Alarcón como nuevo gerente general del Fondo de Vivienda Policial. Villanueva indicó que quien recomendó al coronel Alarcón fue el fiscal Marcos Huamán.
Contraloría recomienda denunciar
La Contraloría General de la República recomendó a la Comandancia General de la PNP “disponer el inicio de acciones (para que) el órgano competente efectúe el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos”, y al procurador especializado en delitos de corrupción, “iniciar las acciones penales correspondientes”, contra los implicados en la auditoría aplicada al Fovipol que detectó potenciales delitos de corrupción.
